Statement on Colombia Peace Agreement

The peace agreement between the Colombian government and the FARC is an important step in bringing peace to the countless victims of this war. In the last 25 years alone, armed actors forced nearly six million people out of their homes. Our black and indigenous sisters and brothers often felt the heaviest burden of the conflict. The inclusion of the Ethnic Chapter in the Peace Accord is a testament to their tenacious struggle for autonomy and justice.

The U.S. has a debt to the Colombian people because it also played a dirty role in this cruel war. The U.S. trained and supplied the Colombian military with billions of our tax dollars as it committed human rights abuses against its own people. We know that the so-called “War on Drugs” was really a war on our people in the United States and in Colombia. U.S. policymakers – Republicans and Democrats alike – pushed for a free trade agreement while trade unionists were murdered with impunity for fighting for a decent wage. 

This is unacceptable. The U.S. needs to promote policies domestically and abroad that defend social and environmental justice, not militarization and avarice. As Colombia moves away from war, the U.S. must develop strategies to close its military bases there and support community-based peace initiatives. The Colombian social movements that I have worked with for more than twenty years inspire me profoundly, and we look forward to continuing to work in solidarity with them as they struggle to make peace a reality. 

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El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc es un paso importante en construir la paz para las victimas incontables de esta guerra. En solamente los últimos 25 años, actores armados obligaron a casi seis millones de personas salir de sus casas. Nuestras hermanas y hermanos negros e indígenas frecuentemente sintieron la carga mas pesada del conflicto. La inclusión del Capitulo Étnico en el Acuerdo Final es un testamento a su lucha tenaz por la autonomía y la justicia.

Los Estados Unidos tiene una deuda con el pueblo colombiano porque también jugó un papel sucio en esta guerra cruel. EE.UU. ha entrenado y apoyado a la Fuerza Publica con miles de millones de dólares de nuestros impuestos mientras que la Fuerza Publica cometió abusos de derechos humanos contra su propia gente. Sabemos que la mal llamada “Guerra contra las Drogas” realmente fue una guerra contra nuestra gente en los Estados Unidos y en Colombia. Políticos estadounidenses – Republicanos y Demócratas – promovieron un tratado de libre comercio mientras que se asesinaron con impunidad a sindicalistas que buscaban un sueldo decente.

Esto es inaceptable. Los Estados Unidos debe promover políticas dentro del país y en el exterior que defienden la justicia social y ambiental, no la militarización y la avaricia. Mientras Colombia se aleja de la guerra, los Estados Unidos tiene que desarrollar estrategias para cerrar sus bases militares allí y apoyar iniciativas comunitarias por la paz. Los movimientos sociales colombianos y las organizaciones comunitarias con quien he trabajado por mas de veinte años me inspiran profundamente, y estamos animados por la posibilidad de seguir trabajando en solidaridad con ellos mientras que luchan por hacer la paz una realidad.